La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado a la Jefatura de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria la necesidad de contar con un protocolo de actuación específico para aquellas situaciones en que un agente se encuentra ante un conductor con signos evidentes de haber consumido drogas pero no puede llevar a cabo la prueba de detección de dichas sustancias.
El origen del problema se remonta a febrero, cuando el sindicato advirtió por primera vez de que el personal adscrito a la unidad de Atestados carecía de la habilitación necesaria para practicar esas pruebas. Ante la falta de respuesta, CSIF elevó la cuestión en abril con una petición formal al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que habilitara de forma urgente a los agentes de esa unidad que aún no contaban con dicha acreditación.
El representante sindical Javier Pascua describió entonces varios episodios concretos en los que los agentes intervinieron sobre conductores con indicios de haber ingerido estupefacientes y, al no poder realizar la prueba reglamentaria ni disponer de ningún protocolo que orientara su actuación, los implicados continuaron la marcha. La ausencia de un mecanismo legal para inmovilizar el vehículo en esas circunstancias dejó a los policías sin herramientas para actuar.
El sindicato también puso en conocimiento de la Fiscalía una orden interna que limitaba la posibilidad de solicitar la colaboración de la Guardia Civil, restringiéndola únicamente a supuestos de accidente o de especial gravedad. Sin embargo, el Ministerio Público decidió archivar esa denuncia al considerar que la carencia de medios técnicos para practicar las pruebas no conlleva por sí misma la comisión de la infracción asociada a la omisión del deber de perseguir un delito.
En el ámbito de la seguridad vial, los cuerpos de policía local tienen atribuida la competencia para realizar controles de alcoholemia y detección de drogas en la vía pública. Cuando un municipio carece de los medios o de personal habilitado para efectuar esas diligencias, es habitual que se articule la colaboración con otros cuerpos de seguridad del Estado, si bien la concreción de ese procedimiento depende de los protocolos internos y acuerdos que establezca cada administración local.