El mes de septiembre ha comenzado en Lloret de Mar con un nuevo capítulo en el conflicto que mantienen el Ayuntamiento y los sindicatos de la Policía Local. El alcalde, Adrià Lamelas, ha aprobado un nuevo decreto que mantiene, sin una fecha concreta de finalización, la obligación de los agentes de realizar horas extraordinarias. La medida llega después de que en julio se aprobara una primera orden que establecía estos servicios extraordinarios hasta el 31 de agosto. Ahora, según denuncian los sindicatos policiales CSIF y SIP-Fepol, la obligación continúa de manera indefinida, mientras que el consistorio defiende que se trata de una decisión necesaria para garantizar la seguridad ante la situación actual de la plantilla.
El origen de esta situación se remonta a los meses anteriores. La Policía Local dejó de realizar horas extraordinarias en mayo como medida de presión para reclamar al Ayuntamiento la renovación del convenio laboral, que permanece caducado desde el año 2012. Posteriormente, en julio, el consistorio aprobó un decreto que obligaba a los agentes a realizar servicios extraordinarios hasta finales de agosto. Una vez superado ese plazo, el Ayuntamiento ha decidido mantener la medida mediante un nuevo decreto, esta vez sin establecer una fecha concreta para su finalización.
La orden se justifica, según el inspector en jefe de la Policía Local, por las bajas que existen actualmente dentro del cuerpo y por la necesidad de garantizar un servicio que el Ayuntamiento considera óptimo. La situación ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate sobre la organización de la plantilla, las condiciones laborales de los agentes y, especialmente, las consecuencias que puede tener este enfrentamiento sobre el funcionamiento del servicio de seguridad en las calles de Lloret. Los sindicatos, por su parte, consideran que obligar a los agentes a prolongar esta situación no resuelve el problema de fondo, sino que lo mantiene abierto.
CSIF y SIP-Fepol han calificado los decretos como «injustos y desproporcionados» y han anunciado que sus servicios jurídicos están trabajando para recurrir tanto el decreto aprobado en julio como el nuevo decreto ante los juzgados de Girona. Los sindicatos ponen el foco también en la posición que, según explican, ha mantenido hasta ahora el equipo de gobierno del PSC durante las negociaciones. Consideran especialmente contradictorio que un gobierno que, según ellos, se presenta como progresista y defensor de los trabajadores termine recurriendo a una medida que obliga a los agentes a realizar horas extraordinarias.
En paralelo, los representantes sindicales denuncian una falta de voluntad real de negociación por parte del Ayuntamiento. Según su versión, durante las conversaciones mantenidas desde marzo el consistorio había defendido que no podía negociarse ningún incremento retributivo que implicara superar los límites establecidos para la masa salarial. Sin embargo, los sindicatos aseguran que los informes jurídicos encargados posteriormente por el propio Ayuntamiento han avalado la posibilidad de superar ese límite de manera legal. Para CSIF y SIP-Fepol, estos informes respaldarían la posición que ya defendían desde el comienzo de las negociaciones: que existía margen para superar el tope sin incurrir en ninguna ilegalidad.
El enfrentamiento no se queda únicamente en las condiciones laborales de los agentes. Los sindicatos sostienen que la situación está teniendo una repercusión directa sobre el funcionamiento del cuerpo y sobre la seguridad ciudadana. Según CSIF y SIP-Fepol, mantener este tipo de órdenes sobre una plantilla que ya está sometida a una fuerte presión puede generar más malestar entre los agentes y prolongar un conflicto que, en su opinión, termina afectando directamente al servicio que se presta a los vecinos de Lloret de Mar.
Los representantes policiales consideran que obligar a realizar horas extraordinarias de manera indefinida no debería convertirse en la solución para un problema estructural de la plantilla. Su posición es que la situación requiere avanzar en la negociación del convenio y encontrar una salida que permita solucionar las discrepancias existentes entre los trabajadores y el consistorio, en lugar de mantener una medida extraordinaria sin una fecha de finalización definida.
La versión del Ayuntamiento es muy diferente. Desde el consistorio aseguran que a finales de julio se alcanzó un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para renovar el convenio laboral y «satisfacer las necesidades de la plantilla». El gobierno municipal sostiene que los representantes sindicales de la Policía Local no convocaron a sus trabajadores hasta el 12 de agosto y afirma que esa convocatoria se produjo para rechazar el pacto después de que, según el Ayuntamiento, hubiera sido explicado de manera sesgada.
El consistorio también cuestiona el momento en que los representantes sindicales solicitaron una reunión con el alcalde. Según el Ayuntamiento, esta petición no llegó hasta el 2 de septiembre, después de haber pasado todo el periodo estival. El gobierno municipal considera que durante los meses de verano existía la posibilidad de que se produjera «un hecho grave» que pudiera poner en riesgo a la ciudadanía y acusa a los representantes sindicales de haber priorizado diferentes medidas de presión por delante de la seguridad de las personas durante unos meses que califica de especialmente complejos.
El Ayuntamiento sostiene además que había presentado diferentes propuestas durante las negociaciones, incluida una que, según explica, había sido trabajada exclusivamente con representantes de la Policía. Esta propuesta estaba dirigida al conjunto de los trabajadores municipales y, según el consistorio, destinaba alrededor del 80% de los incrementos económicos a los agentes de seguridad. El gobierno municipal asegura que la propuesta fue declinada sin que se presentara una contrapropuesta y considera que esta situación contribuyó a prolongar el conflicto.
Para el Ayuntamiento, la negativa a avanzar en las propuestas planteadas terminó cruzando una «línea roja» y desembocó en la aprobación del nuevo decreto. El concejal Alejandro Pérez, responsable de la mesa negociadora, sostiene que el alcalde tuvo que ejercer su responsabilidad y utilizar los mecanismos legales disponibles para garantizar la seguridad de los vecinos de Lloret de Mar. Según sus declaraciones, la medida se mantendrá «ininterrumpidamente» hasta que se alcance una solución.
El consistorio insiste, además, en que el decreto no se ha aprobado simplemente porque los agentes decidieran renunciar a las horas extraordinarias como medida de presión. Según explica, la decisión responde a los déficits de personal que estaría provocando el incremento de bajas e indisposiciones registrado desde el inicio de las negociaciones. El Ayuntamiento sitúa actualmente el porcentaje de bajas en la plantilla en un 44,95%, un dato que utiliza para justificar la necesidad de mantener los servicios extraordinarios y garantizar la cobertura policial.
Así, septiembre comienza en Lloret de Mar con el conflicto todavía abierto y con dos posiciones claramente enfrentadas. Por un lado, los sindicatos preparan la vía judicial y reclaman avanzar en la negociación del convenio laboral; por otro, el Ayuntamiento defiende que la prioridad es mantener el servicio de seguridad y justifica el nuevo decreto por la situación de la plantilla. Mientras ambas partes mantienen sus posiciones, la obligación de realizar horas extraordinarias queda prorrogada sin una fecha concreta de finalización, dejando abierto un nuevo capítulo de un conflicto laboral que arrastra ya años de desacuerdos.