La Policía Local de Conil ha formulado una denuncia contra el concejal delegado de Policía, Francisco Manuel Almazo Pareja, por las obras que se ejecutan en una parcela situada en la calle Roqueo número 14, entre las playas de La Fontanilla y la Fuente del Gallo. La actuación se produjo tras una inspeión realizada el pasado miércoles por una patrulla del cuerpo, acompañada por un técnico municipal de la Delegación de Urbanismo. En el acta de inspección los agentes constataron diferencias entre la obra ejecutada y la autorización municipal vigente.
Según la documentación administrativa aportada, la autorización concedida era una licencia de obra "para instalación de pérgola desmontable a dos aguas con estructura metálica y cubierta de panel de sandwich blanco y cerramiento". En esa licencia figura un presupuesto de 3.510,10 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Durante la comprobación, los inspectores observaron elementos que no encajan con esa descripción técnica.
La inspección, iniciada a raíz de una denuncia ciudadana, documentó la presencia en la parcela de ladrillos, ventanas preparadas para su colocación y una hormigonera, además de la estructura ya levantada. El acta apunta que la construcción podría tener "apariencia de vivienda", por lo que se ha registrado la denuncia por un posible incumplimiento de la normativa urbanística. A partir del acta, corresponderá a los servicios municipales competentes determinar el alcance de las obras y su adecuación a la autorización concedida.
Tras requerir la documentación a la persona que trabajaba en la obra, los agentes comprobaron que el titular de la licencia figuraba como Francisco M. Pareja. En la documentación también aparece la sociedad Mangata SC, empresa que el concejal constituyó para la apertura de una heladería en la plaza Andalucía del municipio. Fuentes consultadas por el acta de inspección consideran que en la documentación se habría omitido el segundo nombre y parte del primer apellido para intentar ocultar la identidad del titular.
El registro catastral relaciona la parcela con los apellidos del edil y su esposa, con un valor señalado de 62.380,10 euros, y la última modificación registral consta el 28 de julio de 2022. La parcela objeto de la inspección está ubicada en suelo rústico, en una zona muy próxima a la costa. Estas circunstancias figuran en el expediente que ahora deberá ser analizado por los técnicos municipales.
La Delegación de Urbanismo competencial en este expediente está dirigida por la alcaldesa, Inmaculada Sánchez, del partido Andalucía por Sí. La regidora dijo desconocer la obra concreta en la zona de El Roqueo y la implicación del concejal denunciado. Sánchez indicó que en la próxima reunión semanal dedicada a asuntos urbanísticos se profundizará en el expediente y que, si existe acta de denuncia, será estudiada en profundidad para determinar si hay irregularidad.
La denuncia fue formulada por agentes de la Policía Local, cuerpo que depende orgánicamente del Ayuntamiento en el que Almazo forma parte del equipo de gobierno. Ese encuadre institucional es una circunstancia destacada en el expediente, sin que la actuación policial por sí misma implique la existencia de un delito o la responsabilidad definitiva del concejal. La tramitación administrativa tendrá que establecer las medidas previstas por la normativa urbanística en su caso.
En paralelo al procedimiento municipal, fuentes consultadas en el acta señalan que la Fiscalía está atenta al asunto. El texto del expediente recuerda asimismo episodios previos en el municipio: en 2021 un concejal de Urbanismo dimitió tras conocerse una obra ilegal vinculada a su familia, y en noviembre del año pasado la alcaldesa pasó a ser investigada en una causa abierta por la Fiscalía Anticorrupción por supuesta dejación de funciones en el control de construcciones ilegales.
La inspección y la denuncia constituyen el inicio del procedimiento administrativo sobre las obras en la parcela de la calle Roqueo número 14. Serán ahora los servicios municipales competentes quienes determinen la adecuación de las actuaciones a la licencia otorgada y adopten, si procede, las medidas que marca la normativa urbanística vigente.