La Policía Local de Ribadeo ha formulado denuncia y propuesta de sanción contra el conductor de un ciclomotor involucrado en una salida de vía ocurrida el pasado 10 de julio en el vial de As Barreiras. La intervención de los agentes puso al descubierto hasta tres presuntas irregularidades graves relacionadas con el vehículo y con la habilitación de su conductor.
Tras atender el accidente, los agentes sospecharon que el ciclomotor podía haber sido objeto de modificaciones no homologadas. Ante esa sospecha, solicitaron la realización de una inspección técnica extraordinaria del vehículo. El resultado de dicha ITV confirmó que el ciclomotor había sido efectivamente sometido a reformas de importancia, lo que alteraba de forma sustancial sus características técnicas originales.
Las consecuencias de esas modificaciones se extendieron a dos ámbitos adicionales. En primer lugar, la ITV de la que disponía el vehículo quedó invalidada, al no haber sido expedida teniendo en cuenta las reformas realizadas. En segundo lugar, el conductor, vecino de Ribadeo, no contaba con el permiso de conducción exigible para el tipo de vehículo resultante de dichas modificaciones, puesto que estas implicaban que el ciclomotor debía clasificarse a efectos legales como motocicleta, categoría que requiere una licencia de conducción diferente y más exigente.
En conjunto, las tres infracciones detectadas —las reformas no autorizadas, la ausencia de ITV válida y la falta del permiso de conducción correspondiente— podrían acarrear sanciones que rondarían los 1.000 euros. A ello se añade que la infracción relativa a la conducción sin el permiso adecuado lleva aparejada, además de la multa económica, la detracción de puntos del carné de conducir.
Las policías locales tienen entre sus competencias el control de la seguridad vial en el ámbito urbano y periurbano, lo que incluye la detección de vehículos con modificaciones no homologadas. En estos casos, el procedimiento habitual contempla la posibilidad de solicitar inspecciones técnicas extraordinarias cuando existen indicios razonables de que un vehículo ha sido alterado de forma relevante respecto a las condiciones en que fue certificado.