El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha anunciado que declarará la conclusión del expediente administrativo abierto a raíz de la celebración de una fiesta ilegal en una vivienda privada próxima al Camí Vell de Sant Mateu. La resolución llega después de que los promotores del evento hayan reconocido formalmente su responsabilidad en los hechos, hayan renunciado a interponer recurso administrativo y hayan procedido al pago anticipado de la sanción económica correspondiente.
El Consistorio inició el procedimiento sancionador tras la intervención policial del pasado 10 de junio de 2025. En aquel momento, el Ayuntamiento formuló una propuesta de sanción de 300.000 euros, calificando los hechos como constitutivos de una infracción muy grave. En una primera fase, los promotores presentaron un escrito de alegaciones en el que negaban los hechos, por lo que la tramitación del expediente continuó su curso. Sin embargo, finalmente optaron por reconocer los hechos, renunciar a la vía recursiva y abonar la sanción anticipadamente.
La normativa aplicable permite, en estas circunstancias, aplicar una reducción del 40% sobre el importe inicial de la sanción. En consecuencia, la cantidad finalmente abonada por los responsables asciende a 180.000 euros, frente a los 300.000 euros que hubiera correspondido en caso de no mediar dicho reconocimiento.
La propuesta de sancionar en el grado máximo del intervalo legalmente previsto se basó en la especial gravedad de los hechos y en el elevado riesgo que la celebración generó para la seguridad de las personas, el medio ambiente y el orden público. Entre los factores determinantes de esa calificación figuran la concentración de aproximadamente 1.000 personas en un espacio no habilitado ni autorizado para actividades de esa naturaleza; la ubicación del evento en suelo rústico protegido SRP-ARIP correspondiente a la zona de Es Amunts, que además se encuentra afectada por un Área de Prevención de Riesgos de Incendio (APR); la ausencia de las medidas técnicas mínimas en materia de seguridad, control acústico y prevención de riesgos; y la instalación de infraestructuras temporales junto con un sistema organizado de transporte y accesos diseñado para facilitar la asistencia masiva de público.
El conjunto de esas circunstancias evidenciaba, según el Ayuntamiento, una afectación potencial de especial intensidad sobre intereses públicos esenciales: la protección medioambiental, la seguridad de los asistentes y la tranquilidad de los vecinos de la zona.
Durante la intervención conjunta que llevaron a cabo la Policía Local de Sant Antoni y la Guardia Civil el 10 de junio, los agentes constataron la existencia de una organización logística propia de un evento multitudinario. En el exterior de la finca se habían desplegado trabajadores encargados de regular el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones, mientras que en el interior se localizó a las aproximadamente 1.000 personas, todas ellas portando pulseras identificativas de acceso. Los agentes comprobaron también la presencia de aseos portátiles, grupos electrógenos para el suministro de electricidad y diferentes espacios habilitados con varios ambientes musicales y zonas de servicios.
Las intervenciones de la Policía Local en eventos ilegales de este tipo forman parte de las competencias de vigilancia y control que estos cuerpos ejercen en materia de seguridad ciudadana, protección del medio ambiente urbano y rural, y cumplimiento de la normativa municipal sobre usos del suelo y actividades. Cuando concurren indicios de infracción grave, es habitual que actúen en coordinación con otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, para garantizar la eficacia de la intervención y la posterior tramitación del expediente sancionador correspondiente.