En 2025 se contabilizaron más de 5.000 llamadas sin atender en Alicante por falta de efectivos en la Policía Local, y a 1 de julio de 2026 el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) registraba más de 2.000 avisos sin respuesta en la ciudad. El SEP calcula que ese volumen equivale, de media, a 11 alertas diarias, 77 a la semana y 330 al mes.
Fuentes sindicales y representantes políticos sostienen que la saturación del servicio viene de años atrás y se acentúa en la temporada estival por la mayor demanda de avisos. Entre las incidencias que, según esas fuentes, quedan sin respuesta figuran desde ocupaciones de vado o problemas de ruido hasta agresiones, robos, incendios y personas mayores que requieren asistencia tras caídas.
Los sindicatos atribuyen la situación a una combinación de déficit de plantilla y fallos organizativos. Roberto Selma, portavoz del SEP en la Policía Local de Alicante, advierte de que "sistemáticamente se llega tarde a los servicios" y pone ejemplos de retrasos concretos: "Para un vado o una doble fila vamos una hora y media tarde" y que han ocurrido situaciones en las que "hemos llegado a tener dos y tres horas a ancianos caídos en las habitaciones".
Selma subraya que, en emergencias sanitarias, la demora de las patrullas limita su utilidad: "Si llego después del SAMU, ¿para qué vale la Policía Local?". Añade que, en incendios, la intervención tardía impide realizar funciones de apoyo fundamentales como cortar la calle, preparar la llegada de bomberos, abrir puertas o iniciar desalojos.
En el apartado político, Rafa Mas, portavoz de Compromís en Alicante, expuso en el Pleno municipal críticas sobre la gestión del gobierno local y vinculó la falta de agentes a decisiones presupuestarias. Mas aseguró que faltan alrededor de 200 policías para atender la ciudad con garantías y acusó al Ejecutivo de Luis Barcala de desviar 2 millones de euros del capítulo dedicado a gastos de personal para hacer frente a pagos por "pufos, multas y sentencias".
Frente a las denuncias sindicales y de la oposición, el concejal de Seguridad, Julio Calero, defendió en el Pleno que el despliegue policial es adecuado. Calero afirmó que existe coordinación con las fuerzas de seguridad de ámbito nacional para proteger a los ciudadanos, y rechazó las acusaciones sobre la insuficiencia del servicio.
El material aportado por el SEP y los portavoces sindicales incluye cálculos sobre el impacto cuantitativo de las llamadas sin atender y ejemplos operativos de la actividad diaria, mientras que los representantes municipales resaltan la coordinación interinstitucional como respuesta a las críticas.
Situación actual y consecuencias: a corto plazo, los interlocutores consultados coinciden en que la falta de agentes provoca retrasos en la atención de servicios ordinarios y de emergencias, lo que, en su relato, disminuye la capacidad operativa de la Policía Local para realizar intervenciones preventivas y de apoyo en incendios o emergencias sanitarias. En el ámbito político, las discrepancias entre los sindicatos, la oposición y el equipo de gobierno se mantienen sobre la necesidad de reforzar la plantilla y sobre el uso de recursos municipales.
Las cifras aportadas por el SEP —más de 2.000 avisos sin respuesta a mitad de 2026 y más de 5.000 en 2025— son la base numérica de las críticas; las partes implicadas difieren en la interpretación y en las medidas a adoptar para resolver la situación.