Sesenta opositores aprobados reclaman su incorporación a la Policía Local de València

Sesenta aspirantes que superaron con éxito todas las pruebas de las últimas oposiciones a la Policía Local de València, aunque no llegaron a obtener plaza, han presentado una solicitud formal para ser incorporados al cuerpo. Su reclamación se apoya en el anuncio que realizó la propia alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, el pasado mes de abril, cuando comunicó la convocatoria de 100 nuevas plazas y precisó que sesenta de ellas estarían reservadas para quienes ya habían aprobado en el proceso selectivo anterior. La intención inicial era que estos candidatos completaran el curso obligatorio en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) y se incorporaran a lo largo del año en curso. El proceso selectivo al que hacen referencia estos opositores fue el celebrado el año pasado para cubrir un total de 207 plazas en la Policía Local de València. Los sesenta aspirantes en cuestión superaron todas las fases, pero quedaron fuera al agotarse las vacantes disponibles. El anuncio posterior de la alcaldesa generó entre ellos una expectativa concreta de incorporación que, según denuncian, no se ha materializado. El portavoz del colectivo, Rafael Muñoz, ha explicado que el tiempo ha transcurrido sin que el proceso avance y que, cuando han solicitado explicaciones, se les ha referido a la existencia de informes negativos. Sin embargo, Muñoz señala que, tras revisar esa documentación, no han encontrado ningún impedimento real. En la misma línea se ha pronunciado el sindicato CSIF, que comparte esa lectura. Ante esta situación, los afectados no descartan acudir a la vía judicial si no obtienen una respuesta satisfactoria. El Ayuntamiento de València, por su parte, defiende que la situación tiene un fundamento jurídico claro. Según fuentes municipales, las plazas adicionales podrían haberse acumulado al proceso anterior únicamente dentro del mismo año natural en que este concluyó, es decir, en 2025. Al haberse aprobado en 2026 una nueva Oferta de Empleo Público que incluye esas cien plazas, el consistorio entiende que ya no resulta legalmente posible la acumulación y que la única vía es la convocatoria de un nuevo proceso selectivo. Los aspirantes rechazan este argumento y sostienen que en convocatorias anteriores se adoptaron soluciones similares a la que ellos reclaman. Según indican, las explicaciones que reciben varían según el interlocutor: algunos aluden a razones presupuestarias, otros a limitaciones en la creación de plazas, y desde el CSIF se les traslada que se trata, en último término, de una decisión de carácter político. Los afectados subrayan además la urgencia de la situación en términos de cobertura del servicio. Según sus datos, la Policía Local de València cuenta actualmente con unas 300 plazas sin cubrir, y en enero del próximo año está prevista la jubilación de alrededor de 180 agentes, lo que elevaría el déficit total a casi 500 efectivos. En este contexto, consideran que aplazar la incorporación de quienes ya han demostrado su aptitud supone agravar un problema que requiere respuesta inmediata, máxime teniendo en cuenta que un proceso selectivo completo puede prolongarse entre dos y tres años. El sindicato CSIF ha refrendado esta valoración y ha añadido sus propias cifras: la plantilla actual de la Policía Local de la capital valenciana ronda los 1.600 efectivos, una cifra que, según la organización sindical, no ha crecido en lustros pese al aumento de la población. El sindicato alerta de que la situación se agravará a partir de enero con las jubilaciones anticipadas previstas, que cifra en torno a 200 profesionales. CSIF califica de inaceptable que, tras haber generado expectativas concretas tanto entre los aspirantes como entre la plantilla y la ciudadanía, el Ayuntamiento haya optado por frenar el proceso. La organización sindical considera que integrar a estos sesenta candidatos en una futura OPE implica que las plazas tardarán años en cubrirse de facto. Por ello, anuncia que asumirá la defensa de los afectados y agotará todas las vías disponibles, comenzando por la administrativa y recurriendo a la judicial si el consistorio no modifica su postura.